Mª Dolores Barreda Pérez

Secretaria General

Secretaria Perpetua de la AEPE

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Vivimos inmersos en una vorágine de acontecimientos a los que no damos ya tanta importancia, a fuerza de anunciar, pronosticar y comprobar, que lo que hace unos años era impensable, se convierte en la más extrema realidad sin ningún tipo de pudor ni recato alguno.

Se nos vende todo como una gran garantía a nuestras libertades y derechos, como un avance social a las libertades ganadas de forma que cualquier tipo de oposición, se tilda de ultraderecha y lo que es peor, de fascismo.

Como quiera que tras una progresiva reflexión, no comparto los cambios de actitud, de pensamiento, las mentiras y promesas a las que asistimos ya curados de espanto, me encuentro en el grupo de los que no piensan como los actuales gobernantes, y según ellos mismos aseguran, si no pienso y actúo como ellos, soy oposición, y por tanto, soy ultraderecha y fascista.

Es decir, me asimilan a una serie de grupos contrarios a su… iba a decir ideología, pero esto no es cuestión de ideologías, sino de actos políticos, así que diré que me asimilan a grupos ligados a la extrema derecha y al fascismo.

Pues vale, como diría Santa Teresa, nada me turba ni espanta ya.

Como periodista, lo he dicho ya en más de una ocasión, me hiere la falta de corporativismo que vivimos a diario en el congreso, en ruedas de prensa, en comparecencias a las que no se deja hablar o no se contesta a los compañeros que intentan hacer su trabajo por ser trabajadores de medios a los que el poder tacha de “fascistas”.

Así que me he puesto a revisar eso de la libertad de prensa de quienes se tienen por libertarios y herederos de la república, ante el anuncio del presidente Sánchez del “paquete democrático”, con el que promete acabar con la impunidad de los psudomedios, en un ataque a los medios que publican informaciones contrarias a su gobierno.

La revisión me ha llevado a estudiar las amplias libertades, que según creencia actual defendida vehementemente en medios afines al gobierno, se vivía durante la Segunda República, panacea de todos los males que acechan a la sociedad hoy en día. Y resulta que el gobierno republicano fue el responsable del mayor cierre de periódicos producido en la historia de España, es decir, el mayor ataque a la libertad de expresión de todos los tiempos.

Todo comenzó con la inauguración en mayo de 1931, de un centro monárquico y la Marcha Real sonando en un gramófono, lo que provocó la revuelta de los republicanos, que se dirigieron a la sede de ABC para quemarla. Disueltos los revoltosos, el gobierno acusó al director del ABC de los incidentes por “provocación”, y por tanto, clausuró el diario. (Uy cómo me suena esto a situaciones similares actuales… las víctimas son acusadas de provocadoras…).

El ministro de Gobernación, Miguel Maura, amenazó poco después a los directores de los diarios de Madrid de que suspendería a voluntad a quienes él considerara que podían “envenenar el ambiente” con sus informaciones… amenazas de quien hasta un mes antes había sido conspirador contra el poder establecido. (Esto nos suena ¿verdad? Poco más o menos que lo que ahora está haciendo Sánchez).

El gobierno se incautó de ABC y suspendió El Debate, por considerarlo defensor del catolicismo y defender a los jesuitas tras su expulsión de España, y verificó las elecciones a Cortes Constituyentes con los dos periódicos de la oposición más importantes de España suspendidos. El director de ABC ingresó en la cárcel Modelo acusado del asesinato de un taxista que se había negado a vitorear al rey depuesto, y aunque fue absuelto, pues el cadáver no apareció, permaneció preso cuatro meses bajo la figura de preso gubernativo y el periódico suspendido.

Como vemos, la segunda República que vino a devolvernos la democracia y la libertad, comenzó su andadura limitando la libertad de prensa.

En de agosto de 1931, el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, declaró al Consejo de Ministros «que se hace en los periódicos del norte una propaganda subversiva, en la que, francamente se incita a la revolución, y se anuncia el alzamiento… se injuria gravemente a los ministros, singularmente al de la Guerra… esto crea un estado de alarma e inquietud, aumentado por los rumores alarmantes… hay que comenzar suprimiendo todos los periódicos derechistas del norte, y quizá los de Madrid”… aplicando entonces medidas contra la libertad de prensa (llamada entonces de imprenta).

El Gobierno que sucedió en octubre al Provisional, acrecentó el control de la vida pública hasta el punto de que elaboró una ley llamada de Defensa de la República. (Cada vez más parecido todo al “paquete democrático” que está estudiando Sánchez… Un escalofrío recorre mi cuerpo… aterrador pensar cómo se repite la historia… también es debido al cóvid y la gripe a que me está tocando pasar…)

Para Seco Serrano, quien por cierto fue mi profesor de Historia en la facultad de Periodismo, la Ley de Defensa de la República fue una auténtica “dictadura parlamentaria” de matiz jacobino ejercida por Azaña, que comenzó a aplicarse en el mes de octubre.

A partir de ese momento, se suspendían periódicos bajo acusaciones y opiniones particulares de ministros y parlamentarios de la coalición republicano-socialista. (Por Dios, qué parecido con la realidad… me estremece y sorprende a la vez…).

Los métodos de control de la información por parte de las autoridades republicanas eran más bien inocentes y débiles comparadas con las que se estaban implantando en otros países, como la Unión Soviética e Italia. En agosto de 1932, Azaña cuenta «que el periodista Leopoldo Bejarano entrevistó al general Sanjurjo en la cárcel para publicar la interviú en la Hoja del Lunes, pero el ministro Casares no se lo consintió». Es decir, los funcionarios republicanos permitían que el jefe militar de una rebelión recibiera en prisión a periodistas, aunque luego se prohibiera la publicación de los artículos y entrevistas, que podían circular de otras maneras, como en copias mecanografiadas distribuidas por correos o en un libro.

Entre las primeras disposiciones del gobierno de Azaña, estuvo la “suspensión de algunos periódicos revolucionarios de izquierda y de muchísimos periódicos de derechas”, más de un centenar. Una lista de cabeceras que elaboró el periodista Julián Cortés Cavanillas, donde se recogía  que habían sido suspendidos gubernativamente cinco periódicos en Madrid y después se suspendieron en unos días otros 109. En total, 114.

La mayoría, por no decir la totalidad, de las cabeceras eran de derechas, católicas, tradicionalistas-carlistas y monárquicas, cuyo único punto común era su línea editorial desfavorable al Gobierno de Azaña.

La represión de la sanjurjada no se limitó a los cierres de periódicos sin motivación jurídica, sino que afectó a particulares. El Gobierno aplicó la Ley de Defensa de la República a cientos de ciudadanos que consideraba sospechosos, de modo que el ministro de Gobernación decidió, sin resolución judicial alguna, su encarcelamiento o su deportación a lugares tan lejanos como Villa Cisneros, en la costa de la colonia africana del Sáhara.

La Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 y que constitucionalizaba la Ley de Defensa de la República, imponía un límite tajante a la acción represiva del Gobierno, que éste vulneró. La libertad de opinión se regulaba en el artículo 34 de aquella Constitución: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme». Los gobernantes que aplicaron la LDR a la prensa también incumplieron la Ley Fundamental en este apartado, pues no solicitaron mandamientos judiciales para cerrar ninguno de los periódicos afectados. (Caray cómo me suena esto a lo que está pasando con la Ley de la amnistía… ya no digo más…).

La censura y las suspensiones de publicaciones continuaron en los años siguientes, incluso cuando se derogó la Ley de Defensa de la República, si bien el gobierno mantuvo su comportamiento arbitrario y despótico de las diversas autoridades republicanas con un mismo periódico. Ahí va un ejemplo: «(…) un anuncio o recuadro publicado en el año 1934 en la revista de la Juventud de Acción Popular —JAP—, cuyo texto era el siguiente: «Ayer con la Monarquía; hoy, con la República; mañana con el régimen que sea… siempre triunfarán los melocotones marca Charlot». Sin duda, tal anuncio había sido remitido con aviesas intención. En el diario «La Época» quisieron reproducirlo con un punzante comentario sobre el mismo, pero lo impidió la censura». (Pero cómo me suena esto… qué barbaridad…).

Otro ejemplo increíble y muy de actualidad… «El sábado 11 de julio de 1936 fue el último día que se publicó el periódico “La Época”, con la noticia del secuestro de Calvo Sotelo por un destacamento de la guardia de Asalto a las órdenes del ministro de la Gobernación, y de la aparición del cadáver en la puerta del cementerio del Este con un tiro de bala en la nuca, llegó a la redacción del periódico, el lunes 13 por la mañana, la orden terminante del Gabinete de censura: prohibido terminantemente el empleo de la palabra “asesinato”, así como cualquier otro comentario sobre el suceso. Sólo podría darse la noticia escueta del “fallecimiento” del señor Calvo Sotelo. Fue la misma fórmula que se usaría durante la guerra en la zona roja para dar cuenta de la serie de caídos ante las diversas brigadas de asesinos. Todos “fallecían”, víctimas de una extraña y mortífera epidemia. (Clavado a la censura actual de asesinados por ciertas razas y religiones que simplemente “fallecen”… todo está inventado ya…).

Dirigía entonces “La Época” Pedro Fernández Barbadillo, que ordenó la no publicación del periódico esa noche para que no se manchara su historia dando cuenta en tal forma del suceso. Y por estimar el ministro Casares Quiroga que la voluntaria suspensión equivalía a una tácita protesta contra el crimen, impuso por ella el día siguiente al periódico el castigo de otra “suspensión sin término».

El primer caso ocurrió bajo el Gobierno de coalición de los radicales y los cedistas, mientras que el segundo fue bajo el Frente Popular. Esta coalición impuso tal censura a los homicidios, motines, saqueos, robos y disturbios que se producían, que la única manera que tenían los ciudadanos de enterarse de ellos era cuando los enumeraban los diputados de la oposición en las Cortes, como hicieron en sendos discursos José María Gil Robles y José Calvo Sotelo en la sesión del 16 de junio. (Igualito que ahora con las violaciones de manadas de otras razas y religiones… increíble repetir así las fórmulas…).

El 13 de julio, el diario Ya, de orientación católica, publicó un artículo opinión sobre el asesinato de Calvo Sotelo que causó tal enfado en el Gobierno que se recogieron sus ejemplares y se suspendió con efectos desde el 15. El Debate, que cumplió las instrucciones de la censura, escribió sobre «el secuestro y muerte» del diputado monárquico y en ningún momento pudo referirse a la condición de policías y escoltas del PSOE de los asesinos. (Lo dicho, para muestra, un botón).

La opinión de los jerarcas republicanos sobre la LDR y el uso que hacían de ella sorprenden por su indiferencia ante la libertad ajena. Santos Martínez Saura, secretario de Azaña, sostiene la constitucionalidad de la LDR con los siguientes argumentos: «fue aprobada por un Parlamento de elección popular», (madre mía, cada vez me suena más esto…) «tuvo un carácter excepcional y transitorio», y «sólo prohibía actos de agresión contra la República taxativamente definidos en ella». (Ahora es contra actos antidemocráticos, como la crítica al gobierno, totalmente identificada con la ultraderecha y el fascismo…).

Al estallar la guerra, las autoridades y los partidos políticos de cada zona procedieron a la confiscación y al cierre de las cabeceras opuestas a su ideología que quedaron bajo su jurisdicción.

Como vemos, la opinión generalizada e ignorante de que la Segunda República fue un régimen liberal y democrático, es una exageración y es además falsa.

En los cinco años que duró, las libertades de prensa y de expresión sufrieron unas limitaciones desconocidas en los años anteriores. La medida más radical fue la suspensión en agosto de 1932 de 114 publicaciones, con la excusa del golpe de Estado del general Sanjurjo.

El primer Gobierno de Azaña, formado por republicanos de su partido y socialistas, pretendía barrer a la oposición de derechas del campo político mediante el control de su prensa.

El trato dado a la prensa por Azaña y su Gobierno, les coloca como los mayores censores de periódicos.

Si todo esto no nos suena a plena actualidad, dejémoslo como una pincelada histórica de la situación de la prensa en España durante ese periodo histórico. Lo malo es que nos suena tanto lo que está pasando con esta vieja historia que… lo que aquí está en juego en realidad es la opinión de los ciudadanos y cómo desde el gobierno se intenta acallar la libertad de expresión de los mismos por todos los medios actuales.

Por eso son tan peligrosas las redes sociales, porque ponen imágenes y sonido en el momento, a voces críticas que al gobierno le gustaría censurar y tilda y tacha de antidemocráticos.

De ahí que la defensa de la libertad de expresión sea excepcionalmente necesaria y deba estar protegida y blindada para que ningún “paquete democrático” pueda arrebatarnos algo tan fundamental y tan en peligro hoy en día.