Mª Dolores Barreda Pérez

Secretaria General

Secretaria Perpetua de la AEPE

La Asociación Española de Pintores y Escultores y muchas organizaciones de carácter sindical o profesional comparten, en apariencia, un mismo objetivo general: la defensa de un colectivo. Sin embargo, los medios, las condiciones y el respaldo institucional de los que disponen unos y otros son profundamente distintos.

Siempre me he preguntado algo que no puedo formular en voz alta, porque incomodaría a muchos: si los sindicatos existen para defender a los trabajadores, ¿por qué dependen financieramente del Estado y no de sus propios afiliados?

La respuesta abre un debate incómodo sobre la legitimidad, la coherencia y el despilfarro de un sistema que hemos normalizado durante décadas.

Un sindicato se presenta como una organización independiente, nacida de abajo arriba, financiada por las cuotas de quienes libremente deciden afiliarse para proteger sus derechos laborales.

Pero en realidad esto no es así: gran parte de su estructura se sostiene gracias a subvenciones públicas, edificios cedidos gratuitamente, gastos estructurales asumidos por las administraciones y programas financiados con dinero de todos.

Es decir: nos obligan a pagar por organizaciones a las que no pertenecemos, incluso aunque no compartamos su ideología, su actuación o su utilidad real.

La paradoja es evidente: quien dice representar al trabajador no depende del trabajador, sino del poder político que lo financia.

Y cuando una organización depende del dinero del Estado, deja de ser incómoda para el Estado.

Sigo preguntándome: ¿por qué todos debemos pagar el mantenimiento de organizaciones que dicen representar solo a una parte de la sociedad?¿por qué se socializan los costes de estructuras que no se sostienen por la voluntad real de sus supuestos beneficiarios? ¿por qué se habla de “servicio público” cuando ese servicio no se financia como tal, ni se somete a las mismas exigencias de austeridad, neutralidad y utilidad real?

Si los sindicatos creen de verdad en su razón de ser, deberían poder sostenerse con las cuotas de sus afiliados, porque todo lo demás no es defensa del trabajador: es dependencia. Y esa dependencia la pagamos todos.

Los sindicatos cuentan habitualmente con financiación pública directa, en forma de subvenciones periódicas procedentes de las distintas administraciones. Disponen de sedes oficiales y edificios cedidos gratuitamente, donde desarrollan su actividad diaria sin asumir los costes que ello conlleva. Además, reciben apoyo económico para la organización de cursos, jornadas formativas y actividades, que en muchos casos son de pago para los asistentes, generando incluso ingresos adicionales.

Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, el Estado mantiene más de 430 inmuebles cedidos sin coste a sindicatos y organizaciones empresariales en toda España, muchos de ellos situados en zonas céntricas de grandes capitales, con gastos de IBI y rehabilitación asumidos con dinero público. A esta cesión patrimonial se suman subvenciones directas, algunas de ellas anuladas posteriormente por los tribunales por no haber sido concedidas mediante concurrencia pública, como dictaminó el Tribunal Supremo en 2024 en relación con ayudas millonarias a sindicatos y patronal.

También existe una diferencia fundamental en la naturaleza de la actividad formativa. Los sindicatos programan cursos subvencionados o parcialmente financiados que, aun así, suelen ser cobrados a los participantes.

El ámbito de la formación subvencionada ha sido, además, objeto reiterado de fiscalización. Informes del Tribunal de Cuentas han puesto de relieve irregularidades en la gestión de fondos, incluyendo subcontrataciones excesivas, cursos no impartidos, alumnos inexistentes y facturación inflada, obligando a devoluciones millonarias de dinero público. En algunos casos, estas prácticas han derivado en condenas judiciales, con sentencias firmes que acreditan el uso indebido de subvenciones destinadas a formación.

Mientras tanto, otras entidades —algunas envueltas en el prestigio histórico o en el barniz cultural— reciben financiación pública, disfrutan de sedes pagadas o sostenidas por el Estado y, aun así, cobran entrada a quienes desean cruzar su umbral. El Ateneo. El Círculo de Bellas Artes. Instituciones que se presentan como templos de la cultura, pero cuyo acceso está mediado por el pago, pese a estar sostenidas, directa o indirectamente, con fondos que salen del bolsillo de todos.

La pregunta es sencilla y brutal: ¿por qué el ciudadano paga dos veces para acceder a la cultura? Una, con sus impuestos. Otra, en la puerta. Y nadie se sonroja.

 

La AEPE, por el contrario, es una entidad sin ánimo de lucro, que no recibe subvenciones estructurales, no dispone de un edificio propio cedido por la Administración, sino de una sede pagada y sostenida por sus propios socios y realiza toda su actividad gracias al esfuerzo desinteresado de sus socios, a las cuotas y al trabajo altruista de sus órganos directivos.

Cada exposición, cada certamen, cada edición del Salón de Otoño, del Premio Reina Sofía, del Certamen de San Isidro… se levanta sin respaldo económico oficial, asumiendo costes que otras entidades no tienen que afrontar.

Mientras los sindicatos funcionan con personal remunerado y estructuras administrativas estables, en la AEPE la gestión, la organización y la defensa de los artistas se realiza sin retribución alguna, por auténtica vocación y compromiso con el arte. Aquí no hay liberaciones, ni dietas, ni compensaciones económicas: hay dedicación, responsabilidad y amor al oficio.

La AEPE no mercantiliza su razón de ser: su labor principal no es la formación reglada, sino la promoción, visibilidad y dignificación del artista, ofreciendo espacios de exhibición y reconocimiento donde solo importa la calidad de la obra.

La comparación resulta reveladora: donde unos cuentan con respaldo económico, infraestructuras y visibilidad institucional, la AEPE cuenta con historia, prestigio y coherencia ética.
Donde unos dependen de fondos públicos, la AEPE mantiene su independencia absoluta.
Donde unos pueden programar actividades sin riesgo financiero, la AEPE asume cada proyecto como un acto de responsabilidad y resistencia cultural.

Y, sin embargo, pese a esta desigualdad de condiciones, la AEPE ha logrado algo excepcional: más de un siglo de existencia, 93 ediciones del Salón de Otoño, 61 del Premio Reina Sofía, 63 del Certamen de San Isidro… miles de exposiciones y actos culturales, más de 9.000 según el último recuento, y una contribución incuestionable a la historia del arte español, sin costar un solo euro al contribuyente.

Esta comparación no pretende desacreditar a nadie, sino poner en valor una realidad injustamente ignorada: si organizaciones ampliamente subvencionadas son consideradas imprescindibles, con mayor razón debería reconocerse la dignidad de una institución que ha sostenido el arte en España sin ayudas, sin privilegios y sin renunciar jamás a su independencia.

La AEPE no pide trato de favor.

Pide reconocimiento, respeto y justicia.

Porque defender el arte sin recursos, sin ayudas, sin sedes ni subvenciones es mucho más que una tarea: es un acto de valentía cultural y de dignidad cívica.

Hay instituciones que no se reconocen no por lo que hacen mal, sino por lo que hacen demasiado bien.

Son incómodas porque dejan en evidencia un sistema entero.

La Asociación Española de Pintores y Escultores es una de ellas.

Reconocer a la AEPE obligaría a reconocer algo mucho más incómodo: que sí se puede gestionar con rigor, que sí se puede ser independiente, que sí se puede servir a un colectivo sin vivir del presupuesto público.

Por eso no se la distingue y se la ignora.

Porque su sola existencia desmonta el relato.

Pertenecer a una institución así no es un problema.

Es un orgullo.

Orgullo de formar parte de una entidad que no se arrodilla, que no factura al Estado y que no vende su prestigio a cambio de ayudas. Orgullo de pertenecer a una institución incómoda porque es honesta.

En tiempos en los que casi todos piden, cobran o exigen, hay quien sigue trabajando sin pasar la factura a los demás.

Eso debería ser un mérito.

En España, parece ser un castigo.